Comprenda cómo el modelo minero en Brasil sigue dejando marcas irreversibles en la naturaleza y en la vida de las personas más allá del territorio minero, como es el caso de las comunidades Piquiá de Baixo y Santa Rosa dos Pretos en Maranhão
El 25 de enero de 2020, el crimen socioambiental de Brumadinho cumple 1 año. Exactamente a las 12:28 pm de un viernes, la presa del Córrego Feijão, de la mineradora Vale, se rompió en la Región Metropolitana de Belo Horizonte (MG), arrojando 12 millones de metros cúbicos de desechos. Un verdadero mar de lodo con relaves minerales mató el río Paraopeba, destruyó casas en la región del Córrego do Feijão, mató a más de 250 personas (11 siguen desaparecidas) y continúa afectando las vidas de la población, especialmente aquellos que viven cerca de la presa de relaves.
Vale también está involucrada en la ruptura de la presa Fundão, en el distrito de Bento Rodrigues, en Mariana (MG), que ocurrió en 2015. Además de Minas, la compañía también continúa haciendo inviable el bienestar de las comunidades en Maranhão, como es el caso de Piquiá de Baixo, una comunidad impactada por el ferrocarril Carajás (EFC), responsabilidad de Vale, y por la industria del acero, y Santa Rosa dos Pretos, que sufre impactos en sus costumbres, tradición y en el derecho básico de acceso al agua en su territorio, causado por la implantación y expansión del EFC, utilizada para transportar el minerio que se exporta principalmente a China.
En el quilombo Santa Rosa dos Pretos, Vale destruyó el igarapé en la construcción del ferrocarril Carajás. Foto: Andressa Zumpano
En todos los casos, el agua es el bien universal más afectado. Por ejemplo, en Barcarena, en el estado de Pará, en febrero de 2018, el vertido de desechos tóxicos de la refinería Hydro Alunorte, de la empresa noruega Norsk Hydro, llegó a comunidades y ríos. En Mariana, el río Doce estaba contaminado con 43 millones de metros cúbicos de relaves. Piquiá sufre problemas de suministro de agua y el río que fluye a través de la comunidad está contaminado por las acerías. Santa Rosa dos Pretos tenía una de sus mayores corrientes de agua concretadas durante la duplicación del ferrocarril.
La ola gigante de lodo tóxico y los impactos diarios causados por la infraestructura logística y la cadena de la mineria en su conjunto revelan que la exploración minera en el país continúa anulando los sueños de niños, mujeres y hombres y todas y cada una de las posibilidades de vida saludable cerca de las grandes empresas.
Es una cadena de impactos irreversibles en la vida humana y en el medio ambiente y que causa aún más indignación por la impunidad. En todas las situaciones mencionadas, las empresas intentan evadir sus responsabilidades, utilizando un recurso que también es violento: el discurso de que fue un accidente. En varias conferencias de prensa después de la tragedia ambiental de Brumadinho, el entonces CEO de Vale, Fábio Schvartsman, dijo que no fue alertado sobre los riesgos y caracterizó la ruptura de la presa como un accidente. Sin embargo, los documentos internos incautados durante las investigaciones señalaron que al menos hubo diez represas por encima del límite aceptable y que, de manera deliberada, el comando de la compañía “se protegió de la información que podría incriminarlos para evitar ser responsables, con prácticas de tácticas de represalia e intimidación en una industria que la compañía dominó”, según un informe de Agência Brasil.
Accidente o crimen tienen diferentes pesos en el imaginário colectivo y, desde un punto de vista legal, de responsabilidad penal.
Para comprender mejor lo que caracteriza uno y otro, entrevistamos a Danilo Chammas, abogado que trabaja por los derechos humanos en comunidades afectadas por la minería en Maranhão y Minas Gerais. En la entrevista, el abogado comenta sobre la diferencia entre crimen y accidente, así como sobre los impactos del proyecto minero operado por Vale en Brasil, especialmente Brumadinho y las comunidades en Maranhão.
En Piquiá, las siderúrgicas usan agua del río que atraviesa la comunidad y devuelve el agua contaminada al río. Foto: Idayane Ferreira
¿Cuál es la diferencia entre crimen y accidente?
Este tema es importante porque muestra explícitamente la disputa por narrativas que ocurre en contextos de conflictos socioambientales. No por casualidad, hemos visto diferentes formas de referirnos al mismo hecho todo el tiempo, dependiendo del autor del discurso.
En el caso de Brumadinho, vemos a Vale S.A., por un lado, la más responsable del hecho, esforzándose por calificar la ruptura de la presa (y sus trágicas consecuencias) como un “accidente”. Este fue el caso, por ejemplo, en el testimonio inolvidable del entonces CEO de la compañía, Fabio Schvartsman, ante el Comité Externo de la Cámara de Diputados, aún en febrero de 2018, en el que declaró que: “Vale es una joya brasileña que no puede ser condenada por un accidente que ocurrió en una de sus presas, por grande que haya sido la tragedia”.
A su vez, también en Brumadinho, existe la insistencia de algunos familiares de víctimas fatales y de los afectados en general para afirmar que “no fue un accidente, fue un crimen”. Esta narrativa trae consigo el deseo de reconocer que los perpetradores son castigados (justicia) y están obligados a reparar el daño sufrido (reparación total).
Volviendo al testimonio de Fabio Schvartsman, la palabra “accidente” no fue usada casualmente por él. Por un lado, a los ojos de la opinión pública, esa palabra transmite la idea de que lo sucedido fue algo inesperado, impredecible y que Vale no pudo haber evitado. Difundir esta idea es fundamental para la preservación de la imagen y reputación de la empresa ante la opinión pública. Una empresa con buena reputación encuentra más fácil establecer sociedades, firmar contratos, obtener financiación, atraer inversores, obtener beneficios fiscales, licencias y otras autorizaciones para sus operaciones de parte de las autoridades públicas y descalificar la narrativa de aquellos afectados por sus empresas y luchar por el reconocimiento, sus derechos.
“De la misma manera que Vale busca ser absuelta en el juicio de la opinión pública, el uso de la palabra accidente también tiene implicaciones legales”.
En primer lugar, en el ámbito del Derecho Civil, cuando una situación se considera inevitable, puede clasificarse como un “evento fortuito” o “fuerza mayor”, que termina liberando a la persona responsable de reparar el daño causado. El “evento fortuito” es precisamente un evento que surge de una acción humana que es impredecible y, por lo tanto, inevitable. “Fuerza mayor”, a su vez, se refiere a situaciones en las que, incluso predecible, el evento es inevitable. Esta última expresión se refiere a eventos en la naturaleza, como huracanes y tormentas importantes, por ejemplo.
Por otro lado, la palabra “accidente” también puede influir en la responsabilidad penal de las personas y empresas involucradas. Recuerde que el “accidente” también trae la idea de que el agente que causó el daño no tenía la intención de causarlo. Esto puede tener efectos importantes desde el punto de vista de la responsabilidad penal, ya que hay varios crímenes que, por definición, no prevén la aplicación de una sanción al infractor si la conducta es culpable (involuntaria). Por otro lado, para los delitos en los que también se penaliza la forma de culpabilidad, la diferencia se expresa en la cantidad de castigo, que generalmente es mucho menor que en la forma intencional. Solo mire el ejemplo del delito de homicidio simple, que, si es intencional, tiene una pena mínima de 6 años y una pena máxima de 20. Sin embargo, si es culpable, la pena aplicada será entre 1 y 3 años.
Actuando en varias comunidades con asesoramiento legal, ¿cómo observa el discurso sobre los accidentes que llegan a las comunidades? ¿Hay algún hecho que quieras denunciar?
El discurso del accidente también es empleado por Vale S.A. y otras compañías de la cadena minera en otros contextos, precisamente con el objetivo de defender su reputación ante la opinión pública y evitar su obligación de reparar el daño causado. Este es el caso, por ejemplo, en casos de accidentes peatonales que ocurren a lo largo del ferrocarril de Carajás y también en casos de quemaduras resultantes del contacto de niños con los residuos incandescentes de la producción de arrabio depositados por Gusa Nordeste en la comunidad de Piquiá de Baixo, en Açailândia.
¿De qué manera el discurso de que en Brumadinho fue un accidente repercute en las otras comunidades afectadas?
He estado circulando en diferentes comunidades y veo que la gente en general ha rechazado esta expresión. Incluso recuerdo un eslogan que se ha cantado en muchos actos: “¡No! No! ¡No fue un accidente! ¡Vale mata el río, mata peces y mata gente!”, que se ha utilizado desde el colapso de la presa de Fundão en la ciudad de Mariana en 2015. Por lo tanto, esta disputa narrativa es muy relevante para definir el futuro, porque además de la definición de cómo se contará la historia, influye directamente en las condiciones de vida de las personas: tanto aquellos que ya han sufrido daños y que pueden no tener medidas de reparación, como aquellos de otros lugares que pueden sufrir los mismos males, si estas situaciones siguen viéndose como meros accidentes.
Además de las demandas que buscan castigar y reparar el daño, la lucha de los familiares de las víctimas también se trata de cambiar el discurso: “¡fue un crimen y no un accidente!”. ¿Cómo encaja este reconocimiento en el concepto de reparación y cuál ha sido la posición de los miembros de las familias para disputar las narrativas?
En Brumadinho, muchos afectados y afectadas también son conscientes de esto y, por esta razón, es común encontrar en sus pancartas y discursos la declaración de que la ruptura de la presa no solo fue un accidente, sino también un crimen intencional. Hay, sin embargo, un factor de complicación. La definición de “accidente de trabajo”, un concepto del derecho laboral, termina aumentando la confusión, especialmente en un caso en el que la gran mayoría de las víctimas fatales están compuestas por trabajadores directos o indirectos en la empresa. Esto se debe a que este concepto se aplica incluso cuando el hecho es predecible, evitable o como resultado de la conducta intencional de la persona que lo causó.
También vale la pena señalar que el discurso antes mencionado de Fabio Schvartsman, en el que calificó a Vale como una “joya brasileña”, hizo que los familiares de las víctimas fatales adoptaran esta misma expresión como una bandera para referirse a sus seres queridos que perdieron la vida como resultado de la presa que se estalló. “Mi madre, Malu, era una joya brasileña. No es Vale quien juzga quién es o no una joya ”, dijo Patricia Borelli, hija de María de Lourdes da Costa Bueno, en un artículo publicado en Folha de São Paulo, pocos días después del testimonio de Schvartsman. “Vale asesinó a todas las personas que llamamos joyas con la mayor crueldad”. “Vale y otras compañías mineras no son joyas. Matan fauna, flora, ríos, destruyen familias. Hoy veo la minería como una forma de crimen. Crimen contra la vida en todos los casos”, dijo Andresa Rodrigues, la madre de Bruno Rodrigues. Esta disputa de narrativas es parte de lo que la jurisprudencia del derecho internacional de los derechos humanos definió como el DERECHO A LA MEMORIA Y A LA VERDAD.
¿Podría contarnos un poco más sobre el derecho a la memoria y la verdad y también sobre el concepto de reparación integral?
El derecho a la memoria y la verdad ha sido exigido con énfasis por los movimientos y organizaciones de derechos humanos en los procesos de transición de las dictaduras a los regímenes democráticos. Estos actores buscan disipar el miedo a conocerse a sí mismos y contar los hechos tal como sucedieron realmente. En el caso de Brasil, aunque muy tarde, confiamos en el trabajo de la Comisión Especial para Políticos Muertos y Desaparecidos, que publicó su expediente en 2007.
El concepto de reparación integral desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos incluye “medidas de satisfacción”, que son medidas que deben imponerse a los infractores de los derechos para aliviar el dolor de las víctimas mediante la reconstrucción de la verdad, la difusión de la memoria histórica y dignificar a las víctimas. En la práctica, esto se expresa a través del reconocimiento público de responsabilidad, disculpas públicas, actos de homenaje, construcción de memoriales u otras formas de difundir la verdad sobre los hechos.
Mentir y olvidar son útiles para los perpetradores porque los ayudan a deshacerse del castigo, la responsabilidad de reparar el daño y el deber de tomar medidas efectivas para que los mismos hechos nunca vuelvan a ocurrir. El lema es: “nunca olvidar para que nunca vuelva a suceder”.
¿Cómo ha ocurrido esta disputa por el derecho a la memoria y la verdad en Brumadinho?
En el caso de Brumadinho, esta disputa también ha ocurrido en la práctica. En una de las demandas, propuesta por miembros de las familia de víctimas fatales, a Vale se le exigió que exhibiera, durante 20 años, en las entradas de la sede y sucursales de la compañía y sus subsidiarias en todo el mundo, fotografías con texto en honor de las víctimas, además de lectura de un texto al comienzo de todas las juntas de accionistas de la compañía que comienza con la frase “la vida vale más que las ganancias”. También existe la lucha de la asociación de familiares de víctimas fatales (AVABRUM) para la construcción de un monumento en honor de las víctimas.
En la misma línea, el Movimiento Águas e Serras de Casa Branca está desarrollando un frente para rescatar y dignificar la memoria histórica de la lucha de sus miembros en defensa del agua y en oposición a la minería en la región. Se lanzará una exposición en un evento público que se llevará a cabo el 23 de enero, en la Escuela Municipal Carmela Caruso Alluoto, a las 6:30 pm, en Casa Branca, en el contexto de las actividades que marcarán el primer aniversario de la ruptura de la presa. Los días 24 y 25 de enero la exposición estará en el centro de Brumadinho. El domingo 26 de enero habrá una conferencia de prensa y un paseo por las calles de la Casa Branca.
Entenda como o modelo mineral no Brasil segue deixando marcas irreversíveis na natureza e na vida de pessoas para além do território mineiro, como é caso das comunidades maranhenses, Piquiá de Baixo e Santa Rosa dos Pretos.
No dia 25 de janeiro de 2020, o crime socioambiental de Brumadinho completa 1 ano. Exatamente às 12h28 de uma sexta-feira, a barragem da Mina do Córrego Feijão, da mineradora Vale se rompeu na Região Metropolitana de Belo Horizonte, despejando 12 milhões de metros cúbicos de resíduo. Um verdadeiro mar de lama com rejeito de minério matou o rio Paraopeba, destruiu casas da região do Córrego do Feijão, matou mais de 250 pessoas (11 ainda seguem desaparecidas) e continua afetando a vida da população mineira, em especial aquela que vive próxima à barragem de rejeito.
A Vale também está envolvida com o rompimento da barragem do Fundão, no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana (MG), que ocorreu em 2015. Além de Minas, a empresa também segue ceifando o bem viver de comunidades no Maranhão, como é o caso de Piquiá de Baixo, comunidade impactada pela Estrada de Ferro Carajás (EFC) – de responsabilidade da Vale – e pelo polo siderúrgico, e Santa Rosa dos Pretos, que sofre impactos aos seus costumes, tradição e ao direito básico ao acesso a água em seu território, provocados pela implantação e ampliação da EFC, usada para transporte do minério, que é exportado principalmente para a China.
No quilombo Santa Rosa dos Pretos, o igarapé foi destruído pela Vale na construção da Estrada de Ferro Carajás. Foto:Andressa Zumpano
Em todos os casos, a água é o bem universal mais afetado. Por exemplo, em Barcarena no Estado do Pará, em fevereiro de 2018, o despejo de rejeitos tóxicos da refinaria Hydro Alunorte, da norueguesa Norsk Hydro, atingiu comunidades e rios. Em Mariana, o Rio Doce foi contaminado com 43 milhões de metros cúbicos de rejeitos. Piquiá sofre com problemas de abastecimento de água e o rio que passa pela comunidade é poluído pelas siderúrgicas. Santa Rosa dos Pretos teve um dos seus maiores igarapés concretados durante a duplicação da ferrovia.
A onda gigante de lama tóxica e os impactos diários causados pela infraestrutura logística e cadeia mineral como um todo, revelam que a exploração mineral no país segue anulando sonhos de crianças, mulheres e homens e toda e qualquer possibilidade de vida saudável próximo aos grandes empreendimentos.
É uma cadeia de impactos irreversíveis a vida humana e ao meio ambiente e que causam ainda mais indignação pela impunidade. Em todas as situações citadas, as empresas tentam eximir-se de suas responsabilidades, utilizando um recurso também violento: o discurso de que foi um acidente. Em várias entrevistas coletivas após a tragédia ambiental de Brumadinho, o então diretor presidente da Vale, Fábio Schvartsman disse não ter sido alertado sobre os riscos e caracterizou o rompimento da barragem como acidente, entretanto, documentos internos apreendidos durante as investigações apontaram que havia pelo menos dez barragens acima do limite aceitável e que de forma deliberada, o comando da empresa “se blindava de informações que poderiam incriminá-los para evitar ser responsabilizados, com práticas de táticas de retaliação e intimidação em um setor que a companhia dominava”, segundo matéria da Agência Brasil.
Acidente ou crime tem pesos diferentes no imaginário coletivo e judicialmente para a responsabilização penal.
Para entender melhor o que caracteriza um e outro, entrevistamos Danilo Chammas, advogado que atua em prol de direitos humanos em comunidades impactadas pela mineração no Maranhão e Minas Gerais. Na entrevista, o advogado comenta sobre a diferença entre crime e acidente, como também, sobre os impactos do grande projeto de mineração operado pela Vale no Brasil, em especial Brumadinho e comunidades no Maranhão.
Em Piquiá, as siderúrgicas utilizam a água do rio que passa pela comunidade e devolve ao rio a água contaminada. Foto: Idayane Ferreira
Qual a diferença entre crime e acidente?
Esse tema é importante porque mostra de maneira explícita a disputa de narrativas que ocorre em contextos de conflitos socioambientais. Não por acaso, temos visto a todo o tempo maneiras diferentes de se referir ao mesmo fato, a depender do autor do discurso.
No caso de Brumadinho, vemos por um lado a Vale S.A., maior responsável pelo fato, esforçando-se para qualificar o rompimento da barragem (e suas trágicas consequências) como um “acidente”. Foi assim por exemplo no inesquecível depoimento do então diretor presidente da empresa, Fabio Shvartsman, à Comissão Externa da Câmara dos Deputados, ainda em fevereiro de 2018, em que ele declarou que: “a Vale é uma joia brasileira que não pode ser condenada por um acidente que aconteceu em uma de suas barragens, por maior que tenha sido a tragédia.”
Por sua vez, também em Brumadinho, vê-se a insistência de alguns familiares de vítimas fatais e atingidos em geral em afirmar que “não foi acidente, foi crime”. Essa narrativa traz em si o anseio pelo reconhecimento de que os causadores sejam punidos (justiça) e sejam obrigados a reparar os danos sofridos (reparação integral).
Voltando ao depoimento de Fabio Shvartsman, a palavra “acidente” não foi casualmente empregada por ele. Por um lado, perante a opinião pública, essa palavra passa a ideia de que o que aconteceu foi algo inesperado, imprevisível e que não podia ter sido evitado pela Vale. Espalhar essa ideia é fundamental para a preservação da imagem e reputação da empresa perante a opinião pública. Uma empresa com boa reputação tem mais facilidade para estabelecer parcerias, firmar contratos, conquistar financiamentos, angariar investidores, obter do poder público benefícios fiscais, licenças e outras autorizações para suas operações e desqualificar a narrativa daqueles que são atingidos por seus empreendimentos e lutam pelo reconhecimento de seus direitos.
“Da mesma forma que a Vale busca ser absolvida no julgamento da opinião pública, o uso da palavra acidente também tem implicações do ponto de vista jurídico”.
Em primeiro lugar, no âmbito do Direito Civil, quando uma situação é considerada inevitável, ela pode ser enquadrada como “caso fortuito” ou de “força maior” o que acaba por liberar o causador do dever de reparar o dano por ele provocado. “Caso fortuito” é justamente um evento proveniente de uma ação humana que é imprevisível e, portanto inevitável. “Força maior”, por sua vez, se refere às situações em que mesmo previsível, o evento é inevitável. Essa última expressão se refere aos eventos da natureza, como furacões e grandes tempestades, por exemplo.
Por outro lado, a palavra “acidente” também pode influir na responsabilização penal das pessoas físicas e jurídicas envolvidas. Lembremos que o “acidente” traz também a ideia de que o agente causador do dano não tinha a intenção de provocá-lo. Isso pode ter efeitos importantes do ponto de vista da responsabilização penal, posto que há vários delitos que, por definição, não preveem aplicação de pena ao infrator se a conduta se dá de forma culposa (não intencional). Por outro lado, para os crimes em que a forma culposa é também penalizada, a diferença se expressa na quantidade de pena, que normalmente é muito menor do que na forma dolosa (intencional). Basta ver o exemplo do crime de homicídio simples, que, se for doloso, tem como pena mínima a de 6 anos e pena máxima a de 20. Porém, se for culposo, a pena aplicada ficará entre 1 e 3 anos.
Atuando em diversas comunidades com assessoria jurídica como você observa o discurso sobre acidente chegando nas comunidades? Existe algum fato que queira relatar?
O discurso sobre acidente também é empregado pela Vale S.A. e outras empresas da cadeia da mineração em outros contextos, exatamente com o objetivo de defender a sua reputação perante a opinião pública e de se esquivarem de seu dever de reparar o dano causado. Isso se dá por exemplo nos casos de atropelamentos ocorridos ao longo da Estrada de Ferro Carajás e também nos casos de queimaduras decorrentes do contato de crianças com os resíduos incandescentes da produção de ferro gusa depositados pela Gusa Nordeste na comunidade de Piquiá de Baixo, em Açailândia.
De que maneira, o discurso de que em Brumadinho foi acidente reverbera nas demais comunidades impactadas?
Tenho circulado por diversas comunidades e vejo que as pessoas em geral têm rejeitado essa expressão. Lembro inclusive de uma consigna que vem sendo entoada em muitos atos: “Não! Não! Não foi acidente! A Vale mata rio, mata peixe e mata gente!”, que é utilizada desde o rompimento da barragem de Fundão, na cidade de Mariana em 2015. Essa disputa de narrativa é, portanto, muito relevante para a definição do futuro, pois além de definir como a história será contada, influi diretamente sobre as condições de vida das pessoas: tanto aquelas que já sofreram os danos e que poderão não contar com medidas de reparação, quanto aquelas de outras localidades que poderão vir a sofrer dos mesmos males, se essas situações continuarem sendo vistas como meros acidentes.
Além das ações judiciais em busca da punição e reparação dos danos, a luta dos familiares das vítimas também é pela mudança de discurso: “foi crime e não acidente!”. Como esse reconhecimento se insere no conceito de reparação e qual tem sido o posicionamento dos familiares para disputar as narrativas?
Em Brumadinho, muitos atingidos e atingidas também estão conscientes disso e por essa razão é comum encontrar em suas faixas e discursos a afirmação de que o rompimento da barragem não só se tratou de um acidente, mas também de um crime doloso. Há, porém, um complicador. A definição de “acidente de trabalho”, conceito do Direito Laboral, acaba ampliando a confusão, especialmente em um caso em que a grande maioria das vítimas fatais é composta de trabalhadores diretos ou indiretos da empresa. Isso porque esse conceito é aplicado mesmo quando o fato é previsível, evitável ou decorreu de uma conduta intencional de quem o causou.
Cabe também salientar que o referido discurso de Fabio Shvartsman, no qual ele qualificou a Vale como uma “jóia brasileira” fez com que os familiares de vítimas fatais adotassem como bandeira essa mesma expressão para se referir a seus entes queridos que perderam suas vidas em decorrência do rompimento da barragem. “A minha mãe, Malu, é que era uma joia brasileira. Não é a Vale quem julga quem é ou não uma joia”, disse Patricia Borelli, filha de Maria de Lourdes da Costa Bueno, em artigo publicado na Folha de São Paulo, poucos dias depois do depoimento de Shvartsman. “A Vale assassinou com requinte de crueldade todas essas pessoas que nós chamamos de joias”. “A Vale e outras empresas mineradoras não são joias. Elas matam a fauna, a flora, os rios, destroem famílias. Hoje eu vejo o minério como uma forma de crime. Crime contra a vida em todas as instâncias”, disse Andresa Rodrigues, mãe de Bruno Rodrigues. Essa disputa de narrativas se insere no que a jurisprudência do direito internacional dos direitos humanos definiu como o DIREITO À MEMÓRIA E À VERDADE.
Prelanzamiento de la campaña Água Viva Jangada y un momento de solidaridad a las 272 víctimas del crimen socioambiental de Vale en Brumadinho. Foto: Agenor Andrade
Você poderia nos falar um pouco mais sobre o direito à memória e à verdade e também sobre o conceito de reparação integral?
O direito à memória e à verdade tem sido reivindicado com ênfase pelos movimentos e organizações de direitos humanos nos processos de transição de ditaduras para regimes democráticos. Esses atores buscam afastar o medo de se conhecer e de se contar os fatos tais como eles realmente aconteceram. No caso do Brasil, embora muito tardiamente, contamos com o trabalho da Comissão Especial para Mortos e Desaparecidos Políticos, que publicou seu dossiê em 2007.
O conceito da reparação integral desenvolvido pela jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos inclui as “medidas de satisfação”, que são medidas a serem impostas aos violadores de direitos para aliviar a dor das vítimas através da reconstrução da verdade, da difusão da memória histórica e da dignificação das vítimas. Na prática, isso se expressa através do reconhecimento público de responsabilidade, pedidos de desculpas públicas, atos de homenagens, construção de memoriais ou de outras formas de se propagar a verdade sobre os fatos.
A mentira e o esquecimento são úteis aos perpetradores pois os ajudam a se livrar da punição, da responsabilidade de reparar o dano e do dever de tomar medidas efetivas para que os mesmos fatos nunca mais ocorram. O lema é: “que nunca se esqueça para que nunca mais aconteça”.
Como essa disputa pelo direito à memória e à verdade tem ocorrido em Brumadinho?
No caso de Brumadinho, essa disputa também tem ocorrido na prática. Em uma das ações judiciais, proposta por familiares de vítimas fatais, foi requerido que a Vale exibisse por 20 anos, nas entradas das sedes e filiais da empresa e de suas subsidiárias em todo o mundo, fotografias com texto em homenagem às vítimas, além da leitura de um texto no início de todas as assembleias de acionistas da empresa que começava com a frase “a vida vale mais do que o lucro”. Existe também a luta da associação de familiares de vítimas fatais (AVABRUM) pela construção de um memorial em homenagem às vítimas.
Na mesma linha, o Movimento Águas e Serras de Casa Branca está desenvolvendo uma frente de resgate e dignificação da memória histórica da luta de seus membros em defesa da água e em oposição à mineração na região. Uma exposição será lançada em um evento público a ser realizado no próximo dia 23 de janeiro, na Escola Municipal Carmela Caruso Alluoto, às 18h30, em Casa Branca, no contexto das atividades que marcarão o aniversário de 1 ano do rompimento da barragem. Nos dias 24 e 25 de janeiro a exposição estará no centro de Brumadinho. No dia 26 de janeiro, domingo, haverá uma coletiva de imprensa e uma caminhada pelas ruas de Casa Branca.
“Piquiá de Baixo é um dos casos mais audaciosos e de completo desrespeito pelos direitos humanos por parte das empresas”, enfatiza relator ao recomendar que é preciso garantir contribuições consistentes e imediatas do Governo e empresas envolvidas para satisfazer os desejos dos membros da comunidade.
Em coletiva à imprensa, Baskut Tuncak compartilhou observações preliminares das visitas que realizou no país (Foto: Paulo Martins)
Na última sexta-feira, 13 de dezembro, Baskut Tuncak, relator especial da Organização das Nações Unidas (ONU) na área de “Implicações da gestão e eliminação ambientalmente racional de substâncias e resíduos perigosos”, compartilhou observações preliminares de sua visita a Piquiá de Baixo e as demais comunidades.
Durante coletiva de imprensa, na sede da ONU em Brasília, ele fez recomendações para que o governo brasileiro e as empresas tomem as devidas providências para agilizar o andamento das obras do reassentamento como reparação efetiva dos direitos da comunidade de Pequiá de Baixo. Os repasses de recursos estão atrasados há três semanas, o que pode gerar paralisação das obras na semana que vem.
Para o relator, “a luta dos moradores de Piquiá de Baixo, que sofrem os impactos do transporte de minério de ferro e da siderurgia, literalmente em seu quintal, representa um dos casos mais audaciosos de um bando de companhias operando com um completo desrespeito pelos direitos humanos, e ao mesmo tempo uma história incrível de uma comunidade que continua lutando por seus direitos.”
“Muitos dos problemas ilustram a falta de respeito histórico das empresas brasileiras pelos direitos humanos e pela dignidade. A comunidade de Piquiá de Baixo está envenenada há décadas. Embora tenham sido feitos progressos no sentido de reassentamento dessa comunidade resiliente em um novo bairro onde possa viver com dignidade, as políticas caóticas e os cortes orçamentários do governo ameaçam abandonar essa comunidade porque sofre mais abuso de seus direitos pelas empresas. Vale, Viena Siderúrgica e Gusa Nordeste por tempo indeterminado”, ressaltou Tuncak.
Foram duas semanas de reuniões, encontros e conversas com as comunidades, membros do governo federal e dos estados por onde passou. Após averiguar a situação de violação de direitos humanos e ambientais no Maranhão e no Brasil como um todo, Baskut Tuncak deve elaborar um relatório completo com sua análise e recomendações ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, que será apresentado em setembro de 2020.
Vista a Piquiá de Baixo
Em missão institucional ao Brasil, o relator especial visitou a comunidade de Piquiá de Baixo (Açailândia – MA), no dia 07 de dezembro. A visita contou com o acompanhamento da Defensoria Pública do Estado do Maranhão (DPE/MA), de representantes da Justiça nos Trilhos, do Centro de Defesa da Vida e dos Direitos Humanos Carmém Bascaran, da assessoria técnica Usina – CTAH e da diretoria da Associação Comunitária de Moradores de Pequiá (ACMP).
Baskut visitou casas e ouviu moradores sobre os impactos e violações causadas pelas siderúrgicas e pela Vale. A primeira parada da comitiva foi no local onde ficam as pontes dos trilhos sob o Rio Pequiá. De lá, o relator teve uma visão geral do bairro, das siderúrgicas e dos trens e recebeu informações sobre impactos como a poluição do Rio.
Relator visitou casas e ouviu moradores sobre impactos causados pelas siderúrgicas (Foto: Idayane Ferreira)
Durante a visita, Baskut pôde ver a lona que os moradores utilizam entre os caibros e o telhado para tentar amenizar a entrada do pó de minério nas residências. Ouviu relatos sobre os problemas com o barulho e a poluição e as doenças que afetam principalmente as crianças e os idosos, como também, ouviu o relato de uma das vítimas de acidentes com a munha, resíduo incandescente derivado do processo de transformação do minério em ferro gusa, que é despejado próximo às casas dos moradores de Piquiá.
Foram apresentados dados de pesquisas realizadas no bairro referentes a poluição, como a que foi produzida pelo projeto Vigilância Popular em Saúde, composto por jovens moradores da comunidade, que após processo formativo com assessores da Fundação Osvaldo Cruz, realizaram medição dos particulados presentes no bairro, em 2016. “O que detectamos com a pesquisa foi que a poluição do ar em Piquiá de Baixo supera os índices recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que é de 25 microgramas por metro cúbico”, explicou João Paulo da Silva. “A gente realizava as medições nas casas dos moradores e constatou que os valores eram maiores durante a madrugada, ou seja, o horário em que as pessoas da comunidade estão dormindo é quando as siderúrgicas mais poluem”, pontou Gerliane Chaves.
Gerliane e João Paulo apresentaram dados de pesquisa sobre poluição em Piquiá de Baixo (Foto: Idayane Ferreira)
Além dos moradores de Piquiá, o relator também ouviu três moradores da zona rural de Açailândia e um morador do Tocantins sobre as problemáticas causadas na região pelos agrotóxicos utilizados na monocultura de soja e eucalipto. Ao final dos relatos, ele agradeceu aos moradores e explicou que será elaborado um relatório para conhecimento de toda comunidade internacional. A visita em Açailândia finalizou com a ida as obras do reassentamento, Piquiá da Conquista.
Comunidades da Grande Ilha São Luís: Taim, Cajueiro e estudiosos do Maranhão foram ouvidos
Baskut Tuncak esteve em São Luís, no dia 09 de dezembro, e ouviu pesquisadores e representantes de movimentos populares e comunidades impactadas pela cadeia da mineração. Na ocasião, moradores da zona rural da capital, que sofrem com o alto índice de poluição, relataram como os poluentes tem afetado a vida humana, fauna e flora na Grande Ilha São Luís. Os saberes e relatos das dificuldades para sobreviver nestas áreas, juntamente com estudos de especialistas desenharam a realidade das regiões impactadas.
Em São Luís, o relator esteve reunido com pesquisadores e moradores da zona rural (Foto: Yndara Vasques)
Participaram da reunião, Guilherme Zagallo – Movimento de Defesa da Ilha – Relator Nacional da Plataforma Dhesca para violações de direitos humanos, Horácio Antunes – Doutor em Sociologia, Coordenador do Grupo de Estudos: Desenvolvimento, Modernidade e Meio Ambiente (GEDMMA) – Universidade Federal do Maranhão, Alberto Cantanhede Lopes – Pescador na comunidade do Taim, Maria Raimunda Cesar – Coordenação Nacional MST (Contaminação por agrotóxicos Fazenda Santa Barbara – Marabá/PA), Zulimar Marita Rodrigues – Doutora em Geografia Humana, Coordenadora do Mestrado em Geografia e Professora do Mestrado em Saúde e Ambiente da Universidade Federal do Maranhão e Clovis Amorim – Presidente eleito do Sindicato dos Pescadores de São Luís.
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