La prueba de que el período colonial nunca ha terminado para los pueblos nativos y quilombolas es que las expropiaciones de sus cuerpos y territorios han estado ocurriendo desde 1500, cada vez más violentas y en manos de diferentes colonos (compañías y gobiernos subalternos) que se alternan y se apoyan en el saqueo, ya sea a través del trabajo esclavo, a través de la invasión de tierras indígenas y quilombolas, de la destrucción de sus ríos y bosques, o mediante demandas presentadas por empresas contra líderes de pueblos tradicionales que luchan por sus derechos. La intención es silenciarlos, como lo han hecho los colonos desde el siglo XVI en las Américas.
Anacleta Pires da Silva, líder quilombola del territorio de Santa Rosa dos Pretos: demandada por Vale S.A.por defender su derecho al agua, la tierra y el territorio. Foto/Andressa Zumpano
Durante más de 80 años, los quilombolas de Santa Rosa dos Pretos, en Itapecuru-Mirim, Maranhão, enfrentan contaminación, sedimentación y puesta a tierra de cursos de agua, como arroyos y ríos, ya sea por el ferrocarril de Carajás, de la corporación transnacional minera Vale S.A., ya sea por el ferrocarril Transnordestina, para las tres líneas eléctricas de Eletronorte y dos de CEMAR (Compañía de Energía de Maranhão), ya sea por la BR 135, carretera del gobierno federal.
Todas estas grandes empresas violan el derecho al agua de quilombolas de Santa Rosa dos Pretos, quienes también pierden su fuente de alimento y ingresos cuando se quedan sin el pescado que siempre han tenido. Las empresas también cortan el territorio quilombola, roban porciones de tierra productiva, causan ruido, contaminación del aire y cientos de muertes por accidentes de tránsito en el caso de la carretera y de los ferrocarriles.
Los líderes de Santa Rosa dos Pretos han denunciado estas violaciones durante años, en varias instancias de agencias públicas, en la prensa, en discusiones con movimientos sociales y entidades aliadas de la lucha.
En 2011, la Fiscalía Federal (MPF) presentó una Acción Civil Pública (ACP) contra Vale S.A. e Ibama (agencia del gobierno federal responsable de las licencias ambientales) por violaciones cometidas por ambos contra los quilombolas de Santa Rosa dos Pretos en la duplicación del Ferrocarril Carajás (EFC) de Vale.
La compañía transnacional recibió la orden en 2012 de realizar una serie de reparaciones y acciones para mitigar los impactos causados. Entre las reparaciones está el recuperación de un arroyo que la compañía hizo secar: el el arroyo tenía fama entre los quilombolas por ser rico en pescado y no secarse nunca, ni siquiera durante el verano del nordeste.
Siete años después de la condena, la compañía nunca recuperó el aroyo y no cumplió la mayoría de sus obligaciones ante los tribunales. Queda impune, como los colonos de 1500.